La creciente amenaza del acoso mediante pornografía deepfake ha llevado a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, a denunciar públicamente esta práctica como «intolerable y deplorable». Unas 50 eurodiputadas y varios eurodiputados han sido víctimas de estas imágenes manipuladas con inteligencia artificial, según una investigación presentada en el Parlamento Europeo por Agora Digitale Transformation.
Las claves
- La presidenta del Parlamento Europeo exige la aplicación efectiva de las normas contra la difusión de imágenes sexuales no consentidas.
- La UE ha aprobado medidas para penalizar la creación y difusión de deepfakes sin consentimiento, con una directiva que entrará en vigor antes de junio de 2027.
- El problema se extiende a los 27 Estados miembros de la UE, con una incidencia mucho mayor en mujeres parlamentarias.
Contexto
El uso de deepfakes para acosar a figuras políticas ha puesto en evidencia las lagunas legales en la Unión Europea. Actualmente, la difusión de imágenes sexuales no consentidas es un delito que los Estados miembros deben tipificar antes de junio de 2027, según una nueva directiva sobre violencia contra las mujeres. Además, el reglamento de Inteligencia Artificial prohibirá desde diciembre de 2026 los sistemas que generen o manipulen imágenes sexuales realistas sin consentimiento.
Sin embargo, la aplicación de estas normativas depende de las autoridades nacionales, lo que plantea desafíos significativos, especialmente cuando los servicios que crean estas imágenes operan fuera de la UE. La eurodiputada Lena Schilling, una de las afectadas, ha alzado la voz contra esta práctica, apoyada por Terry Reintke, presidenta de Los Verdes, quienes están promoviendo una petición para que la prohibición de las aplicaciones nudifier sea efectiva desde diciembre.
La Comisión Europea también ha tomado medidas al solicitar a plataformas tecnológicas como Apple y Google que informen sobre sus acciones para evitar el acceso de menores a estas aplicaciones. Además, ha iniciado una investigación sobre la red social X, anteriormente conocida como Twitter, para evaluar si ha gestionado adecuadamente los riesgos de difusión de contenido ilegal.
La lectura desde España
En España, esta situación subraya la importancia de adaptar rápidamente la legislación nacional para proteger a las personas de este tipo de acoso digital. Las empresas tecnológicas y las autoridades deberán trabajar conjuntamente para implementar medidas efectivas que prevengan la creación y distribución de deepfakes no consentidos. La experiencia de la UE puede servir de guía para fortalecer la protección legal y asegurar que las víctimas de estos ataques tengan recursos adecuados para defenderse.